En general las decisiones políticas deberían siempre estar todas orientadas a un proceso de mejora constante para el país, y el único objetivo debe ser generar las condiciones adecuadas para un crecimiento sustentable, una mejor calidad de vida y entre muchas otras, salir sin prisa pero sin pausa de la condición de país sub desarrollado o en vías de desarrollo.

Ello implica acertadas decisiones políticas para desarrollar e innovar todas las áreas en todo el territorio con el mismo grado de atención que va desde la educación, la salud, infraestructura y entre otras también de seguridad.  Sin seguridad estamos expuestos a todos los riesgos que la criminalidad puede desarrollar, sin embargo, sin leyes que permitan que la criminalidad avance tendrán tácitamente que asumir su propia seguridad.

Si las leyes que se emitan favorecen el tráfico ilícito de drogas, la minería informal o facilita la libertad de los delincuentes a pesar de las evidencias,  o amenazan y limitan la lucha de las fuerzas del orden y los exponen a ser denunciados por realizar la función de proteger, se está exponiendo la seguridad de la industria privada, el sector público y a todos los integrantes de un país.

Significa que, en el caso de las empresas privadas deban considerar un presupuesto adicional a los montos promedios no solo para reforzar los sistemas de seguridad, sino para contar con equipamiento adicional, personal de seguridad adicional y presupuesto para estudios de abogados que defiendan a los que defienden sus instalaciones y en ese proceso sean procesados por las denuncias de los delincuentes que con leyes a su favor o con ausencia de las mismas los coloquen en una situación de riesgos. Ante tal panorama, deben ser preventivos y auditar sus sistemas de seguridad para adelantase a los potenciales riesgos.

 

Luis Molina

Director Ejecutivo

M&M Security Audit – Consulting Group

www.mymsecurityaudit.com